Está finalizando el curso escolar 2018-19 que coincide con la apertura de una nueva legislatura. Tras las elecciones del pasado 28 de abril, el PSOE ha obtenido el triunfo con una mayoría relativa de 123 diputados, que obligará a pactos estables con otras formaciones o a acuerdos de geometría variable para poder gobernar. Al mismo tiempo, el resultado de las elecciones del 26 de mayo en los ámbitos autonómicas y municipales recientemente celebradas, también condicionarán la política de pactos y acuerdos en la búsqueda de gobiernos estables. Para el comienzo del próximo curso escolar ya estarán configurados los gobiernos tanto a nivel estatal como autonómico, que tendrán la responsabilidad de gestionar la política educativa en los próximos cuatro años.
Ante de los comicios, desde ANPE nos hemos dirigido a todos los partidos políticos proponiendo un decálogo de propuestas y reivindicaciones básicas para la mejora del sistema educativo, de la enseñanza pública y de las condiciones laborales del profesorado. Serán las propuestas que llevaremos ante los nuevos gobiernos surgidos de las urnas. Confiamos y deseamos que sea una legislatura estable y no sometida a las tensiones e incertidumbres de la pasada.
A estas alturas, insistir en la necesidad de un pacto de estado quizás sea una utopía, vistos los precedentes; pero al menos es fundamental alcanzar un acuerdo básico y de mínimos que permita la estabilidad normativa desde las mejoras reales y efectivas, que pasan por la financiación hasta llegar al 5% del PIB, la estructura y el modelo del sistema educativo, la vertebración y cohesión territorial para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, el funcionamiento de los centros y la situación del profesorado. Todo ello con el objetivo de resolver los problemas de fracaso escolar y abandono escolar, mejorar los rendimientos educativos para todo el alumnado e impulsar y prestigiar, como merece, la enseñanza pública.
El proyecto de reforma educativa, la denominada LOMLOE, aprobado antes de disolver las Cortes quedó truncado con la convocatoria de elecciones. Creemos que era un proyecto parcial para unas circunstancias concretas en una legislatura corta y atípica. Ahora la reforma educativa debería ser más ambiciosa y responder a un proyecto más profundo y global que aborde otros muchos aspectos que, a nuestro criterio, son necesarios para dar respuesta a los desafíos y retos a los que se enfrenta la educación en España. Y entre estos retos ineludibles, está el de abordar, sin más excusas ni pretextos, la situación del profesorado y su futuro profesional si realmente queremos asumir el compromiso de mejorar la educación. La dimensión de los cambios que hay que acometer es de tales proporciones que requieren un enfoque nuevo de la educación y la formación, de los que no puede ser ajeno el profesorado.
Todo esto se lo hemos venido demandando y reivindicando durante muchos años a los distintos gobiernos, sin que nadie se haya atrevido hasta ahora a poner en marcha con determinación y con perspectivas de futuro la regulación y el diseño de la profesión docente. Y en estos cambios hay que diferenciar los que son necesarios acometer a medio y largo plazo, para definir el futuro de la profesión docente y los que hay que aplicar, con cierta inmediatez, para dar respuesta a la situación de los 500.000 profesores de la enseñanza pública.
Se trata de reconocer ya de una vez la importancia de la tarea docente y de tomar las medidas encaminadas a prestigiarla y protegerla, a motivar a los profesores y a reconocer su profesionalidad. Deseamos que la próxima legislatura sea la de la aprobación del Estatuto del Profesorado, vieja e histórica reivindicación de ANPE, que contemple los derechos y deberes del profesorado, su promoción y desarrollo profesional y diseñe una verdadera carrera profesional, que haga más atractiva y motivadora la función docente. Pero advirtiendo, que esta legítima aspiración no puede postergar cuestiones ineludibles y que llevan mucho tiempo aparcadas como la regulación de un sistema de acceso más objetivo, moderno y transparente, la equiparación salarial con los funcionarios docentes mejor pagados en el Estado, el derecho a la movilidad en todo el territorio nacional, el grupo A1 para todos los docentes y la recuperación y mejora de las condiciones laborales pérdidas.
La puesta en marcha de una nueva reforma tampoco puede suponer un nuevo pretexto para dilatar y dejar de abordar estas cuestiones. Esto es lo que ha sucedido con las reformas precedentes, en las que se han priorizado cuestiones académicas de mayor o menor relevancia, el tiempo ha pasado y no se ha dado ninguna respuesta a la situación del profesorado, agravándose con ello mucho de los problemas y males endémicos que aquejan a la profesión docente.
Todos coincidimos en que el profesorado debe ocupar un lugar preferente en cualquier sistema educativo y que, de la excelencia en la formación inicial y continua de los docentes, de su motivación ante el trabajo, de sus posibilidades de progreso, de la estabilidad, del reconocimiento de sus buenas prácticas y de la mejora en sus condiciones laborales, depende en buena parte la calidad del propio sistema.
