Solicitamos, en defensa de las ESCUELAS OFICALES DE IDIOMAS, una Mesa Técnica para abordar el presente y futuro de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
La convivencia se mejora con apoyo, formación y medidas claras que respalden al personal educativo. Pedimos retirada inmediata del borrador actual
INFORME DESARROLLADO:
- Borrador de la Resolución de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se regula el procedimiento para la constitución y actuación de las comisiones de elaboración de pruebas de certificación de nivel de competencia lingüística de enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el curso 2025-2026.
CONSEJERÍA: Presentan el borrador de Resolución de este curso.
ANPE: Antes de comenzar las aportaciones a este documento nos gustaría solicitar una Mesa Técnica para abordar el presente y futuro de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Hay que analizar las causas de la falta de alumnado y buscar soluciones para que sigan siendo un referente en cuanto a la formación en idiomas.
Desde ANPE consideremos que hay que abordar una reforma de estas enseñanzas (también a nivel de Ministerio) que facilite el acceso e incremente la matrícula, y que flexibilice, amplíe y diversifique la oferta formativa. Además, es imprescindible ajustar el cupo a la matricula consolidada en septiembre, dar autonomía a los propios centros, adecuar las ratios a las especificidades de estas enseñanzas (incluidas los cursos online), y ajustar el cupo asignado a la matrícula consolidada en septiembre.
Si no se revierte esta situación, incluida la revisión normativa y de evaluación, no se puede competir en igualdad de condiciones con otras enseñanzas de idiomas.
Por otro lado, en lo que se refiere a la Resolución, además de solicitar una mayor atribución horaria, cuando se habla de que el profesorado integrante de las comisiones junto con el equipo directivo, determinarán que grupos se verán afectados con respecto a las asignaciones horarias, entendemos desde ANPE que la responsabilidad de la elaboración y aprobación de los horarios del profesorado es del equipo directivo, no es una función que tenga que asumir el resto del profesorado, una cosa es que se oiga y se tenga en cuenta su opinión y otra muy distinta es que asuman una responsabilidad que no les corresponde.
CONSEJERÍA: Se han reunido dos veces con los directores de las EOIs para buscar soluciones e intentar salvar, al menos, 39 grupos con muy pocos alumnos, ya que no tienen suficiente alumnado.
Es un modelo que no puede competir con otras opciones formativas en idiomas. Cada día tienen menos alumnos (a esto se suma una amalgama de titulaciones que puntúa en oposiciones y concurso de traslados, cuando antes no era así): en el curso 2015-16 había 16.120 alumnos matriculados y, actualmente, hay 9,246 alumnos.
Van a estudiar nuestras propuestas y las de las EOIs para el futuro, pero han tomado una decisión de urgencia ante la gran pérdida de alumnos que arrastran y con la intención de salvar el máximo número de grupos. Para ello se da la opción de semi presencialidad y agrupar alumnos de distintos niveles.
Argumentan que han dado sobrecupo en algunas EOIs, para evitar desplazamientos a centros de otras provincias. Recuerdan que ya existen los cursos monográficos.
Sobre la Resolución, al respecto de las reducciones horarias, tenemos la mayor reducción horaria, a nivel estatal, para los redactores (8 horas).
2. Borrador del Decreto por el que se regula la convivencia e igualdad en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
CONSEJERÍA: Presentan el borrador del Decreto de Convivencia. Apuestan por un nuevo modelo de convivencia con rigor científico. Abordando la prevención y la formación. Quieren enriquecer lo que anteriormente había.
ANPE: Desde ANPE, como organización sindical mayoritaria en el ámbito educativo de Castilla-La Mancha, manifestamos nuestro rechazo absoluto al borrador del Decreto por el que se regula la convivencia e igualdad en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Este texto, en su redacción actual, NO mejora la convivencia ni protege al profesorado, por las siguientes razones:
- La convivencia en los centros educativos ya atraviesa una situación preocupante, con un notable incremento de faltas de respeto, cuestionamientos a la labor docente e incluso agresiones. En este contexto, el Decreto elimina herramientas correctoras, debilita la autoridad del docente y promueve un modelo en el que todas las partes de la comunidad educativa se colocan al mismo nivel, lo cual no es operativo ni realista.
Un centro educativo necesita referentes claros y estructuras definidas. Este Decreto diluye la posición del profesorado, lo relega y lo deja sin respaldo efectivo.
- El profesorado está cualificado para tomar decisiones educativas. Limitar su capacidad de actuación, someter sus medidas a procesos ajenos o colocar sus decisiones al mismo nivel que opiniones externas desprofesionaliza la labor docente. El mensaje que transmite este Decreto es que hay que proteger al alumnado del profesorado, cuando la realidad es que quien está indefenso en muchas ocasiones es precisamente el docente.
- El Decreto introduce mecanismos, protocolos y procedimientos que recargan aún más a los equipos docentes y directivos, sin que ello suponga una mejora real en la gestión de los conflictos. Esta burocracia resta tiempo a la enseñanza y genera una sensación de ineficacia e impotencia en los propios centros.
La convivencia no se mejora con más papeles, se mejora con apoyo, formación y medidas claras que respalden al personal educativo.
- El Decreto presenta graves carencias en su redacción y estructura jurídica, pecando de idealista y utópico. Conceptos imprecisos, procedimientos poco definidos, confusión de competencias y ambigüedad normativa son solo algunos ejemplos. El cambio terminológico de “conductas que menoscaban la autoridad del profesorado” a “conductas que afectan a la convivencia” vacía de contenido la figura docente como destinatario de protección específica.
Como hemos dicho, en ese idealismo del que peca el Decreto, se habla ampliamente de valores totalmente compartidos en la sociedad actual: la equidad, la inclusión, la intolerancia con el acoso, etc.
Sin embargo, la mayoría de estos principios no se encuentran concretados correctamente, porque hay una falta clara de directrices. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una denuncia por violencia de género en el centro? No hay unos procedimientos específicos que señales si el propio centro tiene que realizar alguna investigación sobre lo ocurrido, si tiene que dar traslado a inspección de educación o si, directamente, debe acudir a denunciarlo ante un juzgado.
También tenemos el hecho de que, según el Decreto, las medidas correctoras no son para los alumnos de los centros educativos, sino para toda la comunidad educativa. Y esto se deriva, simple y llanamente, de cambiar los términos.
Hay incluso artículos que, por su redacción, permiten imaginar escenarios absurdos en los que las sanciones aplicables al alumnado podrían extenderse al profesorado, desdibujando por completo el sentido y el alcance de la norma. Así, imaginemos que un docente llega sin causa justificada tarde a una clase. Esto estaría tipificado en el artículo 28.1.a) de la propuesta de Decreto. Sería, por tanto, una conducta contraria a la convivencia.
Pues bien, a tenor de la propuesta de Decreto se le podría sancionar, por ejemplo, por lo señalado en el artículo 29.7, es decir, “la sustitución del recreo por una actividad alternativa”. Es evidente que no es esto lo que pretende el Decreto, pero sí es lo que establece, porque existe un afán de buenismo utópico carente de sentido en una norma jurídica.
En definitiva, este Decreto elimina facultades para aplicar medidas correctivas del profesorado (se elimina el capítulo II del Decreto, que otorgaba esas facultades y no se contemplan en este Decreto), incrementa la burocracia en los centros educativos (procedimiento ordinario y conciliado, sobrecarga a dirección y jefatura de estudios, actuaciones, programas, planes, mediación y, dicho muy resumidamente, pone al mismo nivel a todos los miembros de la comunidad educativa (artículo 14.1), promueve una visión idealista e irreal que diluye el papel central del docente en la gestión de la convivencia y carece del rigor técnico necesario, sin entrar en una extensión sobredimensionada impropia de un Decreto.
Desde ANPE exigimos la retirada inmediata del borrador actual y la elaboración de un nuevo texto que parta de una visión realista del funcionamiento de los centros educativos y que reconozca, refuerce y proteja la figura del profesorado como eje vertebrador del sistema educativo. Quienes necesitan protección para poder ejercer una profesión tan difícil como la suya, son los docentes. Porque, insistimos, ellos son los que están preparados para tomar decisiones pedagógicas sobre los alumnos.
ANPE, el Sindicato de Docentes de Enseñanza Pública.
30 de junio de 2025.
